Perspectivas Geopolíticas

¿La guerra regresa a Colombia… o es que nunca se fue?

En realidad la guerra nunca se fue: muestra de ello es la fragilidad de los compromisos y la facilidad con la que el gobierno ordenó un despliegue militar contra el grupo disidente de las FARC pese a que se ha dicho que cerca del 90% de los miembros de las FARC se mantienen a favor de los Acuerdos de Paz.

La historia reciente del país colombiano cerraba un proceso de poco más de 50 años de guerra entre el gobierno de ese país y uno de los grupos guerrilleros más longevos del continente: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Ello, mediante un emblemático proceso de negociación que duró poco más de cuatro años y que dio lugar a un Acuerdo de Paz, firmado en La Habana, Cuba, en 2016.

La firma de dicho documento fue un paso importante para trabajar por la pacificación del país: una gran parte de la población, de hecho, se inclinó en favor de su instrumentación. Por supuesto no es la primera ocasión en la que se lleva a cabo un acuerdo de esta naturaleza, sin embargo, en todos los casos anteriores, los retos y los desafíos fueron (como ahora) enormes. ¿Qué cambió desde entonces hasta ahora? ¿Cómo se logra generar la reconciliación nacional y la reconstrucción del tejido social colombiano frente a dos actores vinculados a muchos otros grupos que están frente a una confrontación abierta y directa? ¿Cómo confiar en que las instituciones políticas del Estado colombiano esta vez sí darían certidumbre a cada uno de los compromisos adquiridos? ¿Cómo lograr revertir del imaginario colectivo la imagen que se tiene de que las FARC no son un simple grupo guerrillero o terrorista —categoría, ésta última, que se les adjudicó desde el discurso gubernamental a partir de la puesta en marcha del Plan Patriota—, para permitir su asimilación en cuanto partido político legitimo para participar en los comicios electorales? ¿Cómo resarcir los efectos causados por los enfrentamientos entre las FARC y el Gobierno colombiano, o por las propias actividades del grupo guerrillero, en la población?

Varias de estas interrogantes quedaron sin respuesta alguna, de cara a una realidad en la que la violencia ha sido una constante durante varias décadas, sumando cientos de miles de pérdidas ¡humanas!; vidas que no se pueden olvidar de un momento a otro. Sin duda, no es sencillo borrar del imaginario colectivo las agresiones y la extrema violencia (tanto de la guerrilla como del gobierno, en aras de conseguir el dominio del uno sobre el otro), pero, pese a la dificultad que el proceso implicó, se comenzó a dar los primeros pasos en esa dirección de sanación con la representación de las FARC en el poder legislativo nacional y con su inclusión como partido para los comicios electorales que estaban por celebrarse en ese país. Se inició, también, el desarme de los miembros en las comunidades que estaban vinculadas con ese grupo, siempre con cierto grado de desconfianza por el riesgo de que el gobierno no respetara el acuerdo y varios de ellos terminarán en prisión.

Aparentemente, había un amplio compromiso de ambas partes de la ecuación que hacían pensar que el camino de este Acuerdo de Paz tendría un desenlace distinto a todas las fórmulas practicadas en el pasado, y que si bien no sería fácil por lo menos se estaba caminando de frente a una nueva época en Colombia. No obstante, la administración de Juan Manuel Santos, presidente en aquel momento, estaba por concluir (con todo el riesgo que, para llevar a los Acuerdos de Paz, ello significaba), se convocarían a elecciones en breve y con ello se ponía en duda si el tiempo, un año y medio antes de que se llevara cabo la sucesión presidencial, habría sido suficiente para dejar avanzado, en el nivel institucional, los mecanismos que darían continuidad y seguimiento a los compromisos adquiridos, más allá de la figura presidencial en turno.

Esa incertidumbre se confirmó en el momento en que el entonces candidato presidencial de las facciones políticas conservadoras, Iván Duque Márquez (hoy presidente de ese país), declaró abiertamente que estaba en contra de esos acuerdos y que buscaría alternativas para suspender su implementación. Su posición estaba en plena concordancia con la facción política que liderea Álvaro Uribe, expresidente de Colombia durante los periodos 2002-2006 y 2006-2010, promotor de la internacionalización del conflicto armado que llevó dar continuidad al Plan Colombia y a la entrada en vigor del Plan Patriota, desde 2003; y quien, además, se asumió como activista opositor al acuerdo cuando ya no era presidente, desde la celebración del referéndum por la paz llevado acabo en octubre de 2016. Sobra señalar que, desde el principio de su gestión, Iván Duque ha contado con un total apoyo político e ideológico, incondicional, por parte de Uribe mismo y el uribismo.

Tanto el Plan Colombia como el Plan Patriota jugaron un papel relevante en la estrategia de respuesta para el combate a este tipo de grupos, así como a los vinculados al crimen organizado internacional y al terrorismo; categorías, ambas, en las que, a menudo, en los imaginarios colectivos de la región alimentados por la agenda de securitización impulsada en el nivel internacional y la legitimación política de la lucha en contra del terrorismo, iniciada por los Estados Unidos, a partir del 2001; terminaron disolviéndose y asimilándose a los grupos pertenecientes a las FARC, sin prestar ningún interés por la historicidad propia de este agrupamiento colombiano. En los hechos, el despliegue de la estrategia de seguridad hemisférica lo envolvió todo en su propia lógica regional.

Los desafíos que se avecinaban desde entonces y que podrían poner en jaque todo el proceso de negociación eran inminentes: los actores en cuestión ya habían colocado sus cartas sobre la mesa y la división, primero; y la polarización, después; sobre el asunto estaban por ahondar el distanciamiento y la desconfianza en la implementación de los Acuerdos de Paz. No es para menos, los Acuerdos de Paz significaban dar un tratamiento distinto al conflicto armado y no dar continuidad a la confrontación que tanto ha vulnerado a la sociedad colombiana: significaban, pues, romper con el discurso conservador dominante que exige la aplicación de una perspectiva de mano dura como política pública nacional única para dar solución al fenómeno. Dos visiones completamente extremas que complejizan la posibilidad de diálogo.

Así pues, en cuanto asumió la presidencia de Colombia, Iván Duque reiteró su posición y el abandono al proceso de paz comenzaba a ser una realidad palpable. Las acciones que han amparado su gobierno distan mucho de querer encontrar una alternativa sobre el mismo marco de paz negociado y, más bien, dan la señal de querer desmantelarlo lo más rápido posible. Y es que solo hace falta ver las cifras que señaló la Organización de Naciones Unidas (ONU), referentes a los asesinatos perpetrados en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, para dar cuenta de ello. La gran mayoría de los asesinatos se comenten en contra de líderes sociales indígenas, que suman 115, durante 2018; y 51, en los primeros cuatro meses del presente año; número que sigue aumentando, 166 asesinatos en apenas un año de gestión presidencial de Duque.

Ahora bien, por otro lado, es necesario también observar que la situación se agravó con el anuncio reciente, por parte de un grupo disidente de las FARC, lidereado por Iván Márquez, de que la agrupación busca regresar a las armas —argumentando que dicho rearme es prácticamente la consecuencia lógica de los compromisos incumplidos por parte del gobierno de Duque. La respuesta del aparato gubernamental se hizo presente de forma casi inmediata al reactivar operativos militares contra estos grupos. El resultado de esa avanzada recrudece el escenario, colocando en un baño de sangre a las comunidades más vulnerables, los indígenas; así como potenciando el riesgo de que también incrementen los llamados daños colaterales, cobrándose, con la reactivación del conflicto armado, la vida de civiles que nada tienen que ver con este enfrentamiento.

Además, no siendo suficientes estos acontecimientos, que en sí mismos implican el regreso a la guerra y profundizan la polarización sobre los hechos, la problemática se complejiza aún más por el atentado perpetrado en contra de Karina García, candidata a la Alcandía de Suárez, en el municipio de Cauca, y en el que la candidata perdió la vida. Con su deceso suman ya cinco candidatos asesinados desde el inició de la campaña electoral. La violencia política, por lo menos en el nivel local, se reposiciona como instrumento de direccionamiento y condicionamiento de los comicios y la administración pública vigente (pero también futura) en el que el nivel de sadismo utilizado se impone como medio definición, en última instancia.

Aquí no sólo entra en juego la forma en que se han utilizado este tipo de sucesos por parte de los grupos guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares o del crimen organizado, en general, sino que, además, se pone en evidencia un gobierno que pese a tener en su historia reciente hechos similares no ha hecho mucho por frenar este tipo de atentados y se muestra incapaz de responder de manera oportuna.

Por otro lado, llama la atención que con respecto al asesinato de Karina García se difundió un comunicado (aunque no ha sido del todo comprobado), en el que se vinculó como responsable al Cartel de Sinaloa, grupo narcotraficante de México, dejando en el tintero y en la opinión pública que en sí se trata de un problema trasnacional y no únicamente de Colombia; alimentando de algún modo la pertinencia de regresar a las estrategias uribistas de internacionalización y por ende reforzando la presencia militar de Estados Unidos en la región. No omitamos que parte de ese contexto está ligado a los intentos de derrocamiento de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, al que no han podido deponer.

En suma, ese conjunto de acciones, tanto del gobierno como el grupo disidente de las FARC y demás grupos que inciden en la problemática, repercuten en la reavivación de un discurso añejo, que está ligado a mantener la internacionalización del conflicto armado y se retorna a la vieja idea de que la mano dura (la progresiva militarización y criminalización) es mejor para el control de estas problemáticas, algo que esta tan arraigado en el imaginario colectivo nacional. Todas estas variables y la fuerza con la que se vuelven a colocar en la opinión pública colombiana parecen denotar que en realidad la guerra nunca se fue: muestra de ello es la fragilidad de los compromisos y la facilidad con la que el gobierno ordenó un despliegue militar contra el grupo disidente de las FARC pese a que se ha dicho que cerca del 90% de los miembros de las FARC se mantienen a favor de los Acuerdos de Paz. El escenario muestra que en realidad solo bajó la intensidad de la confrontación-en la medida en qué no dejaron de asesinarse a miembros de las FARC- en una especie de tregua, lista para reactivarse a la menor provocación.

Una realidad en la que es inevitable cuestionarnos a quién beneficia reposicionar estrategias de seguridad nacional al estilo del Plan Colombia o del Plan Patriota. ¿Por qué la respuesta sigue siendo profundamente militarizada pese a que después de tantos años ha mostrado un saldo bastante negativo para la población civil que nada tienen que ver en el conflicto? ¿Por qué se está vulnerando a los defensores de derechos humanos, en general; y a los líderes sociales indígenas, en particular? ¿Por qué la comunidad internacional no dice nada?

Foto: TeleSur/@NCprensa, 2017

1 comment on “¿La guerra regresa a Colombia… o es que nunca se fue?

  1. Beatriz Belanova

    He seguido algunas noticias en TeleSur acerca de asesinatos de líderes rurales en Colombia.
    Qué importante son las sucesiones presidenciales.

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