Política Interior

La obsesión por el Plan Nacional de Desarrollo

No es que el Plan Nacional de Desarrollo importe en sí mismo, sino que forma parte de un mayor Plan.

Tras su turbulenta salida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el exsecretario Carlos Urzúa no sólo se reincorporó al ámbito académico, sino que también lo hizo como columnista de El Universal, uno de los diarios de mayor circulación en México.

Al leer sus primeras participaciones en dicho medio, queda claro que su salida de la Secretaría, además de ser inevitable, era necesaria para la actual administración, ya que, si se quiere llevar al país a un cambio diametral, éste no se puede realizar con funcionarios desleales, que comulgan con los ideales de corrientes opositoras y que se niegan a un cambio decidido democráticamente.

Previendo que habrá quienes argumenten que Urzúa está en todo su derecho de expresar su opinión al respecto, siendo que ya no es un funcionario público, lo cierto es que ocupó un cargo estratégico dentro del actual gobierno, por lo que cuenta con información delicada que, si es utilizada irresponsablemente, puede representar un riesgo para la economía nacional.

Sí, está en todo su derecho de ejercer su libertad de expresión, pero hoy su apresurada renuncia continúa causando efectos negativos, tal es el caso de la caída de la inversión extranjera en México que, según algunos analistas, se debe en parte a su renuncia y a los testimonios esgrimidos en una misiva hecha pública en días recientes. ¿Qué motiva al exsecretario a continuar atacando al gobierno a sabiendas de que puede causar una mayor desconfianza en los inversionistas?.

A grandes rasgos, en sus dos primeros artículos (que, dicho de paso, son repetitivos), el principal punto que trata de expresar, a modo de reclamo y, ciertamente, con un halo de resentimiento, es su disgusto porque el Plan Nacional de Desarrollo (PND) elaborado bajo su dirección fue remplazado por uno de la autoría del Presidente de la República.

Sobra decir que, si comparamos ambos documentos, el de la SHCP, de más de 200 páginas; y el emanado de la Presidencia de la República, de poco más de 60; resulta evidente que hay importantes diferencias. Mientras que el primero tiene un enfoque más técnico y es muy similar al formato de los gobiernos predecesores, el segundo, efectivamente, es más semejante a un manifiesto político.

Sin embargo, antes que nada, hay que señalar lo indudable: dicho documento sólo se continúa elaborando para cumplir con una ley anacrónica (data de 1983) que de facto nunca se cumple (las consultas ciudadanas sólo son una simulación y un derroche de recursos, ya que nunca se toman en cuenta). Sirve, en ese sentido, sólo como fachada, pero no como un plan de trabajo (ya que después de aprobado queda en el olvido); y al final nunca se cumplen sus objetivos (uno de los grandes objetivos de los cuatro últimos PND, por ejemplo, fue terminar con la corrupción).

Basta mencionar que tres de las metas más importantes del sexenio pasado, la de paz, prosperidad, educación de calidad y México incluyente, incluidas en el PND 2013-2018, no se cumplieron, mientras que en las que se lograron avances, éstos fueron mediocres.

Más aún, la dirección que pueda tomar el país depende más de la configuración del poder en el Congreso de la Unión que de un plan elaborado desde el deber ser que pocas veces corresponde con los recursos, tanto económicos como políticos, de los que pueda disponer el Gobierno Federal para materializar sus planes, programas y proyectos.

Siendo este el caso ¿por qué tanta insistencia en el PND, si históricamente ha demostrado ser un documento inoperante y generar gastos innecesarios?

Hace algunas semanas la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), anunció en su portal que «un grupo de ciudadanos» había interpuesto una demanda de amparo con el objetivo de declarar nulo el PND aprobado por el Congreso y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de julio, ya que, según ellos, no cuenta con los requerimientos legales y técnicos que demanda un documento de esta naturaleza.

El argumento central, de acuerdo con el documento, es que «los mexicanos necesitamos certeza de cómo es que el gobierno se va a conducir durante estos seis años, en programa, presupuesto, política tributaria [etc.]».

Los demandantes exigen que el PND elaborado por el ahora exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, entre en vigor en lugar del aprobado recientemente.

Como se presunta ante la opinión pública, podría pensarse que se trata de un grupo de mexicanos desinteresados y preocupados por el porvenir de nuestro país, sin embargo, basta con escudriñar quiénes se encuentran detrás de esta iniciativa para concluir que, en el fondo, es una estrategia para causar un revés político al nuevo gobierno.

Los firmantes son Rubén Alfonso Fernández Aceves (exdiputado federal por el PAN y fue diputado y ex subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación durante el Gobierno de Felipe Calderón); Edgardo Flores Campell (ex titular del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, órgano acusado de espionaje a ciudadanos por el Presidente López Obrador); y Jorge Alberto Lara Rivera (exdiputado federal por el PAN); todos ellos impulsores de otras denuncias apoyadas por MCCI.

Detrás de todos estos personajes, que cuentan claramente con una trayectoria partidista de oposición, se encuentra el empresario Claudio X. González, uno de los principales detractores de la actual administración y presidente de MCCI.

Claudio X. González junto con Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), partidos opositores y otros personajes sórdidos de los sectores político y empresarial de México, han sido los principales artífices de la guerra sucia y mediática en contra del gobierno de López Obrador.

Son ellos quienes están detrás del colectivo llamado, cínica e irónicamente, #NoMasDerroches, que interpuso 147 amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y que exigen que se retome la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, una obra que desde su comienzo se ha visto vinculada con escándalos de corrupción e impunidad gubernamental y empresarial.

Son los impulsores de la iniciativa de la COPARMEX llamada Alternativas por México que, integrado por un equipo de políticos e intelectuales representantes de la extrema derecha mexicana, busca formar nuevos cuadros políticos para asaltar el poder en 2021 y 2024, a través de supuestos candidatos independientes que representen sus intereses en detrimento de los de la nación.

Sería ingenuo considerar a quienes buscan anular el PND del Presidente López Obrador como ciudadanos comunes. Todos ellos forman parte de un grupo privilegiado que, a través del dinero e influencias con políticos y exfuncionarios de administraciones pasadas, buscan sabotear al actual gobierno, sin importar que con ello se afecte el desarrollo de nuestro país. Son quienes desean que le vaya mal a la 4T, aunque con ello también le vaya mal a México.

Sería ingenuo pensar que la petición para la anulación del PND, los 147 amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto Alternativas por México, son iniciativas aisladas, nobles y desinteresadas. Todas forman parte de un mezquino plan bien orquestado por la extrema derecha mexicana para recuperar el poder a cualquier costo.

Desde esta perspectiva, el hecho de que Carlos Urzúa insista aún, desde su trinchera como columnista, que el PND aprobado es violatorio de nuestra Constitución y debe ser reconsiderado, ya no aparece como un simple acto de resentimiento, sino como parte de esa gran conspiración que busca regresar el poder a las manos de quienes estrangularon a México durante años.

A modo de conclusión, sería pertinente añadir: No es que el PND importe en sí mismo, sino que forma parte de un mayor Plan.

Imagen: Gob.mx, 2019

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