Política Exterior

Caso Avena: generar jurisprudencia ante la Corte Internacional de Justicia

El pasado 8 de agosto de 2019, la Corte Suprema de California determinó anular la sentencia de muerte dictada en contra de Carlos Avena Guillén, impuesta en 1982.

En el ejercicio de los principios rectores de la Política Exterior, el Gobierno Mexicano, con base en la solución pacífica de controversias, presentó el 9 de enero de 2003, la primera demanda de su historia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en La Haya, Países Bajos, para la revisión de los casos de 54 mexicanos sentenciados a la pena capital en Estados Unidos (EE.UU.).

El Sistema de Justicia estadounidense sentenciaba a Carlos Avena Guillén y 53 nacionales mexicanos más a la pena de muerte sin el derecho a la protección del Sistema Consular mexicano, violando así la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. La protesta de México se enfocó en que se declarase a este Estado en violación, con base en el principio de no intervención para la protección de los ciudadanos mexicanos fuera de sus fronteras (y basado en la agenda de la protección de los derechos humanos, principalmente para solicitar a la CIJ medidas provisionales), con el efecto de que no se causaran daños irreparables indefinidamente a los culpables y detener sus ejecuciones.

El fundamento jurídico de esta solicitud se desprende del artículo 36 de la citada Convención de 1963, el cual dicta lo siguiente:

“Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía:

  1. los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos;
  2. si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado;
  3. los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello.”

El origen del emblemático Caso Avena nace en la Corte de Apelaciones del 9º Circuito del estado de California, EE.UU., con el arresto de Avena Guillén, quien tuvo un juicio lleno de irregularidades, fue declarado culpable y sentenciado a la pena de muerte el 12 de febrero de 1982, en la ciudad de Los Ángeles, California, casi un año después de haber sido arrestado.

Avena fue arrestado e interrogado en inglés, idioma que no dominaba, lo que supuestamente orilló a confesar en su contra los delitos. El Consulado General de México en San Francisco recibió una carta del director de la prisión estatal de San Quintín, diez años después, informando acerca de la situación de Avena y de su presunción de nacionalidad mexicana, motivo por el cual la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tomó el caso y el de más mexicanos que estaban siendo juzgados y/o en espera de la pena capital. El objetivo era establecer el camino para que se activaran sentencias fundamentadas en protocolos correctos de detención durante esa década.

El gobierno de México a través de la SRE protestó enérgicamente en varias ocasiones en diversos foros y buscó generar hermenéutica jurídica en conceptos de Derechos Humanos a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizando las vías jurídicas pertinentes para la correcta aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. El objetivo era claro, en todas las detenciones del Caso Avena, era Estados Unidos quien a través de la jurisdicción de sus respectivos estados debía notificar y proporcionar asistencia consular a los mexicanos al momento de su detención, permitiendo así que el inculpado pudiera tomar o no la ayuda consular bajo su responsabilidad.

Cabe destacar que, previo a esta demanda, México resolvió históricamente las controversias internacionales por la vía del arbitraje, teniendo tres casos representativos los cuales son el Caso de la Isla Clipperton, el del Fondo Piadoso de las Californias y el del Chamizal.

Fue bajo el mandato de Vicente Fox Quezada en la Presidencia de México que se buscó que la causa de la demanda prosperara, ya que después de saber de la ejecución del connacional Javier Juárez Medina, en el estado de Texas, el 14 de agosto de 2002, y tras la respectiva solicitud de clemencia al gobernador de dicho estado (la cual fue denegada), se integró el equipo jurídico de la Cancillería mexicana en esta materia, encabezados por Jorge Castañeda Gutman, Secretario de Relaciones Exteriores en ese momento, así como por personal de la Consejería Jurídica y asesores extranjeros conocedores del derecho anglosajón.

Equipo que, por lo demás, trató de agotar en todo momento los medios para vincular a EE.UU., determinando que fuera a través de un Protocolo del que eran signatarios ambos Estados bajo la citada Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Las Delegaciones de la SRE al interior de México jugaron un papel determinante para armar expedientes de los sentenciados y determinar su nacionalidad mexicana (ya que EE.UU. argumentaba lo contrario). Por su parte, la Red Consular de México en ese territorio brindó antecedentes de los connacionales, ayudados en gran forma por el Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte.

La Corte Internacional de Justicia emitió una sentencia el 31 de marzo de 2004, en la que se instaba a una revisión y reconsideración de los casos por parte de la Suprema Corte de EE.UU., y que a su vez respetará las medidas que no acató con los nacionales alemanes y paraguayos que permitieron fundar este precepto jurídico internacional, con un resultado positivo, lo que permitió detener las ejecuciones. No obstante existen estados dentro de EE.UU. que no reconocen las opiniones de tribunales internacionales, como lo es Texas.

Por su parte, la Suprema Corte de EE.UU., aceptó haber violado sus obligaciones internacionales al no cumplir con los deberes de la Convención, pero agregó que los efectos domésticos para surtir efecto de validez de esta sentencia debían estar fundamentados con una legislación para su reconocimiento legal por parte del Congreso y sin esta ley no se permite la acción del mecanismo para la plena aplicación del caso.

En particular, México contó con el análisis del caso por parte de Bernardo Sepúlveda Amor, exsecretario de Relaciones Exteriores, y quien fue electo como miembro de la CIJ, en el periodo de 2005 al 2014, por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU.

El pasado 8 de agosto de 2019, la Corte Suprema de California determinó anular la sentencia de muerte dictada en contra de Carlos Avena Guillén, impuesta en 1982, con base en una resolución, la cual dictó que la asistencia jurídica de su abogado fue ineficiente en un caso que se consideró grave; esto en perjuicio del connacional quien fue privado de su libertad como presunto homicida en primer grado de dos personas y a quien se le levantaron cargos por intento de robo.

Es ahora el estado de California que decidirá tomar la oportunidad de volver a juzgar a Avena Guillén, en una nueva fase de sanción, pero omitiendo Ipso facto la pena de muerte. Ahora se puede concluir que, si la asistencia consular hubiera sido brindada a tiempo a los nacionales, se pudieron haber solventado los antecedentes y evitar la imposición de la pena capital.

El posicionamiento actual de la Cancillería mexicana concluye que el Gobierno de México reitera su postura en contra de la pena de muerte, por considerarla una pena cruel e inusual, que atenta contra la dignidad humana. Asimismo, refrenda su compromiso de proteger los derechos de todos los mexicanos en el exterior, cualesquiera que sean las circunstancias. Con esto, México genera jurisprudencia ante la Corte Internacional de Justicia en beneficio de los nacionales mexicanos y migrantes extranjeros que están en territorio estadounidense.

Foto: SRE, 2018

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