Cultura

El CONACyT y la apropiación social del conocimiento en la 4T

¿A qué responde la insistencia de la Dra. Álvarez-Buylla por colocar en el centro del programa de desarrollo e innovación científica-tecnológica a la apropiación social del conocimiento, por encima del prestigio conseguido a través de una competencia internacional y certámenes extranjeros?

Aunque el golpeteo mediático ha disminuido en intensidad en los últimos meses, desde el comienzo de la actual administración federal, una de las dependencias que más ha sido asediada por la crítica y, sobre todo, por el criticismo, es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Desde que su actual directora, la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, tomó posesión del cargo se ha tenido que sobreponer a, por lo menos, tres afrentas.

La primera de ellas se abrió inmediatamente después de que Álvarez-Buylla se colocó a la cabeza del Consejo: la necesidad de llevar el programa de austeridad presupuestaría insignia del presente Andrés Manuel López Obrador a los veintiséis centros de investigación que conforman el Sistema de Centros Públicos de Investigación del CONACyT le valió la oposición directa de sus directivos, altos administrativos e investigadores e investigadoras que han hecho de esas academias sus feudos personales; cotos de poder en los que están en juego millonarias partidas presupuestarias en pocas ocasiones auditadas, muchas veces ejercidas a discrecionalidad y otras tantas empleadas para sostener estilos de vida personales con justificaciones eruditas; pero también espacios de legitimación científica de las políticas públicas que se ejecutan en el día a día de la vida nacional.

Y es que a ese Sistema pertenecen, por ejemplo, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., El Colegio de la Frontera Norte, A.C., el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Instituciones paraestatales de enseñanza e investigación superior cuyo peso en la formación de opinión pública, en la definición de debates nacionales y regionales y en la elaboración de políticas municipales, estatales y federales; así como en el procesamiento de datos y en la prestación de servicios a los tres poderes públicos en los tres niveles de gobierno no sólo está atravesado por una fuerte y arraigada lógica utilitarista —pragmática, en el más estricto sentido neoliberal— que a lo largo de varios sexenios ha servido al poder gubernamental para formar cuadros de intelectuales orgánicos y legitimar científicamente sus decisiones (en especial en materia económica), sino que, aunado a ello, es un peso a todas luces hegemónico en la definición de la agenda política, económica, cultural, etc., del país, frente a otras instancias a menudo consideradas más contestatarias y menos propensas a aceptar acríticamente su alineación con el régimen en turno (o por lo menos más plurales y menos sencillas de cuadrar por su tamaño y diversidad, como la Universidad Nacional Autónoma de México).

Por eso, cuando los recortes comenzaron a hacerse efectivos, no pasó mucho tiempo antes de que las secciones de opinión de los principales diarios de circulación local y nacional se llenasen de críticas y reclamos de personalidades adscritas a estos centros para ejercer presión en favor de la no aplicación del régimen de austeridad a sus labores cotidianas

Ya desde antes de que López Obrador tomase posesión del cargo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES: el equivalente en la academia a cúpulas empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Bancos de México o la Confederación Patronal de la República Mexicana) se había pronunciado al respecto, de tal suerte que, cuando los planes presupuestales comenzaron a materializarse, llamó con insistencia a cerrar filas con el argumento de que aquellas decisiones de la nueva directora del CONACyT no eran más que un pretexto para desmantelar el sistema educativo nacional en su nivel superior; el primer indicador de que a la 4T no le interesa la educación pública de calidad, y mucho menos el desarrollo científico-tecnológico y cultural-humanístico.

En los hechos, la capacidad de movilización que se puso en práctica cuando la política de austeridad se extendió de las actividades administrativas del propio CONACyT hacia sus centros dependientes terminó adoptando en el imaginario colectivo nacional la forma de un ataque generalizado a la educación pública y a las universidades que se hacen cargo de impartirla en sus aulas. Y si bien es cierto que las reglas de operación se mantuvieron, desde el comienzo, dentro del espíritu del régimen de austeridad aplicado al resto de la administración federal, poco o nada de ello importó cuando se generalizó la idea de que el ataque frontal estaba dirigido a las capas trabajadoras más pauperizadas dentro de la academia (porque esa era la forma más sencilla de paralizar la actividad de investigación) y se invisibilizó por completo que lo que allí estaba poniendo en tela de juicio el CONACyT era el aprovechamiento de los recursos, su gestión, su inversión, la capacidad de convertirlos en réditos para la nación y no sólo para pequeños departamentos de investigación o para la reputación personal de sus eruditos y eruditas.

Aquella fue la primera ocasión en la que Álvarez-Buylla puso el acento de su gestión en rechazar la simple productividad y en no aceptar las exigencias de los centros de investigación de dedicar más recursos para su actividades sin poner atención en qué se hace con esos dineros, cómo se gastan, por qué y para qué, pues la finalidad del desarrollo científico-tecnológico y cultural-humanístico no tendría que ser —como dicta el mantra del capitalismo neoliberal— la de la simple satisfacción de las necesidades del mercado (dictadas desde grandes centros de poder geopolítico en las economías centrales), sino el de servir a un propósito colectivo que va más allá de la pura utilidad comercial.

La prensa, la ANUIES y el criticismo (alimentado por los desplazados o afectados en su modus vivendi por la 4T), no obstante la radicalidad de dicho planteamiento —en un país cuyas universidades están acostumbradas a operar con base en la eficiencia terminal, en la sobreespecialización y el productivismo acríticos y socialmente inútiles, o en el juicio de los rankings internacionales que miden la utilidad de las universidades para la acumulación y la concentración del capital—, se hicieron de oídos sordos y miradas ciegas, ignorando que los cambios de paradigma educativo, científico y tecnológico no sólo pasan por la actualización de planes de estudios, por la creación de nuevos programas (licenciaturas, maestrías, doctorados, especializaciones, etc.) sino, también, y fundamentalmente, por modificación de toda la estructura en términos de la apropiación social del conocimiento.

Un par de semanas más tarde, y cuando las críticas sobre el tema presupuestal aún no se saneaban, Álvarez-Buylla tuvo que lidiar con una segunda afrenta, aunque en aquella ocasión por causa de lo que en medios se consideró como la máxima muestra de hipocresía por parte de la directora del CONACyT debido a que la austeridad que predicaba (y supuestamente imponía) a los centros de investigación dependientes del Consejo no lo aplicaba en su propia dependencia, eliminando un comedor gourmet en las instalaciones del propio CONACyT. El argumento venido a la opinión pública nacional era simple y potente en sus efectos de manipulación: ¿por qué la directora del CONACyT no restringía los gastos del Consejo en alimentación para sus trabajadores, pero sí obligaba a instituciones educativas —motores del desarrollo nacional en todas sus dimensiones— a recortar salarios, prestaciones, personal y gastos en investigación? ¿Acaso no era más importante para el Consejo privilegiar aquello que le deja ganancias al país por encima de las comodidades de los empleados del organismo autónomo en cuestión?

Y lo cierto es que, en gran medida, la potencia de ese argumento se fundamentó en el ya entonces lugar común dentro del imaginario colectivo nacional que indicaba que el programa de austeridad de López Obrador era en realidad un pretexto para eliminar a grandes capas de trabajadores poco o nada privilegiados y mantener en sus puestos, con sus sueldos, salarios y prestaciones a los mismos estratos burocráticos privilegiados por los sexenios anteriores. Sin ir más lejos: un ataque en contra del pueblo trabajador y una concesión sin precedentes en favor de los altos mandos y quienes más ganan dentro de la administración pública federal.

Tiempo después, Álvarez-Buylla explicó en conferencia de prensa que las raxones de ser de ese comedor (el único, luego de que se eliminara un segundo comedor en el que se segregaba a cualquiera que no perteneciera a los círculos directivos y altos mandos del Consejo) eran, por un lado, concentrar en un solo servicio la prestación en materia alimenticia a la totalidad del personal que labora en las instalaciones del CONACyT, tabulando los precios al consumo de conformidad con las percepciones monetarias brutas de los empleados y las empleadas —de tal suerte que el que gana menos pague menos en su alimentación—; y por el otro, ofrecer un servicio de alimentación de calidad que le proporcionara al personal los nutrientes suficientes y no sólo alimentos procesados (ello, habida cuenta de que la Dra. Álvarez-Buylla se especializó académica y profesionalmente en materia de biología del desarrollo).

La crítica no pasó a mayores pero tampoco fue algo que se dejase desinflar con facilidad frente a una ciudadanía que históricamente ha visto a sus gobernantes, políticos y burócratas gastar sus impuestos en consumo suntuario, viajes al extranjero sin ninguna utilidad pública nacional, despensas onerosas y bonos anuales y sexenales consistentes, entre otras cosas, en gastos de alimentación y canastas millonarias de vinos (en un país con poco más de veintisiete millones de personas en condiciones de pobreza alimentaria).

Sea como fuere, el daño en la percepción ciudadana sobre las labores del CONACyT y la persona que lo dirige ya estaba hecho. Y a ello se sumó la tercera afrenta, la más falaz de las tres, por lo demás, pues estuvo anclada en la tarea de victimizar a niños, niñas y adolescentes de alto rendimiento privados de recursos para asistir a competencias internacionales en diversas áreas del conocimiento, como las míticas y célebres olimpiadas y mundiales de matemáticas. Es escándalo fue más vistoso que los anteriores porque involucró al rockstar de la producción y dirección cinematográfica mexicana, Guillermo del Toro, una de las voces más críticas (viviendo y trabajando en Estados Unidos) al gobierno de Enrique Peña Nieto —razón por la cual, hoy día, ya es para las masas uno de los personajes más autorizados para definir críticas de izquierda al poder político mexicano.

Aquí, el conflicto fue simple pero igualmente incomprendido: el CONACyT hizo público que no contaba con los recursos necesarios para financiar el viaje de las delegaciones mexicanas a diversas competencias internacionales (entre las cuales se encontraba la de la Sociedad Mexicana de Matemáticas y el mundial en Sudáfrica). Ante tal situación y la solicitud de la SMM de recursos para realizar el viaje, Guillermo del Toro se ofreció a pagar los gastos totales del equipo mexicano. Y de ahí para acá, han sido cada vez más las veces en que el cineasta se ofrece a costear becas y similares o derivados. Para la opinión pública, aquello fue tema de conversación por hacer ver que el gobierno de la 4T o estaba en quiebra y en desaseo financiero o simplemente no le interesaban los temas de carácter social que hacen crecer a esta sociedad.

Ahora bien, para responder a las críticas, a finales de junio pasado, en el marco de una de las conferencias matutinas de López Obrador, Álvarez-Buylla ofreció una nueva conferencia de prensa en la que evidenció, entre otras cosas:

  1. la escasa participación del sector privado nacional y extranjero en la aportación de recursos al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país: 19% del total, frente a un promedio del 61% en otros países;
  2. la enorme cantidad de recursos que transfiere el CONACyT al sector privado nacional y extranjero; sumando poco más del 50% de los fondos totales; es decir, que aunque el sector privado sólo aporta el 19%, recibe un excedente de recursos provenientes de las aportaciones realizadas por el sector público al Consejo;
  3. la pérdida de eficiencia del sector frente a los recursos que se le destinan, observándose, en comparación con otros países, un ascenso de siete lugares en términos de gasto y un descenso de dieciséis en lo concerniente a eficiencia: más recursos, menos eficiencia;
  4. el abandono de la rectoría del Estado en el desarrollo de ciencia básica (a la que se destinaron, entre 2013 y 2018, apenas $2,936 millones de pesos), frente a la transferencia de recursos a los empresarios y las empresarias, a quienes se les otorgaron, directa e indirectamente, $34,657 millones de pesos.

En ese mismo evento, una parte de la prensa fue insistente en cuestionar por qué el Consejo se negaba a otorgar los recursos necesarios para que las delegaciones mexicanas viajasen al extranjero a concursar en las competencias internacionales de diferentes materias. Una primera respuesta de la directora del CONACyT fue que los recursos destinados al ramo y a las dependencias encargadas de su gestión ya se habían proporcionado con anterioridad, y que cualquier monto exigido ahora era extraordinario y respondía a una mala gestión de los dineros ya ejercidos. Fue importante saberlo, pero no es lo nodal para en la postura del CONACyT.

La Dra. Álvarez-Buylla dio una segunda explicación que es, en estricto sentido, en donde se encuentra su visión del desarrollo científico-tecnológico y cultural-humanístico para el presente sexenio: esos eventos no suponen una apropiación social del conocimiento por parte del conjunto de la sociedad. Esta respuesta puede parecer soberbia y desinteresada por la educación y el desarrollo académico y profesional de las generaciones más jóvenes; sin embargo, la realidad es que hay una verdad potente y para nada venial en la postura de la directora del Consejo: una competencia puede ofrecer prestigio personal, para quienes concursan y ganan; institucional, para las entidades académicas que prepararon a los y las concursantes; y hasta cierto grado, nacional, para los Estados que participan en los eventos en cuestión. No obstante, más allá del hecho de demostrar que ciertos individuos tienen el potencial para vencer a sus pares de otras latitudes bajo las mismas condiciones y reglas del juego, lo cierto es que poco de esos eventos se traduce en una mejora de las condiciones sociales en México.

No es, por supuesto, que nada de esto sea banal o simplemente no tenga importancia. Es, antes bien, cambiar el enfoque empleado para potenciar las capacidades institucionales, personales y colectivas de México, los mexicanos y las mexicanas para que lo que se hace tenga una aplicación práctica, concreta, en el mejoramiento de la vida de sus habitantes. Sobre todo, teniendo en cuenta que, históricamente, la mexicana es una sociedad que expulsa constantemente talentos (cerebros) al extranjero; traduciéndose esa misma dinámica en una lógica de gasto considerable que a la postre es sólo aprovechado por economías extranjeras. El reto, por ello, no es menor, y de ninguna manera se trata de menospreciar las competencias extranjeras. Se trata, por lo contrario, de saber vincular lo que se hace en los centros académicos y de investigación con los entornos sociales, políticos, económicos y culturales más inmediatos a la realidad nacional, de concentrar en el país antes que de dispersar por el mundo y beneficiar a otros Estados y otras iniciativas.

Pero también, y más importante aún, de poner en perspectiva el desarrollo colectivo y comunitario, frente al puro individualismo que tanto sirve a la falsa meritocracia neoliberal, en donde el éxito individual lo es todo, a costa de la explotación del prójimo; y en donde, además, se supone, los triunfos del uno son los triunfos del todos. Es ahí en donde se concentra la insistencia de Álvarez-Buylla por colocar en el centro a la apropiación social del conocimiento, por encima del prestigio conseguido a través de una competencia (que, por lo demás, podría trabajarse para realizarse en México).

Comprender esto es fundamental para saber por qué la labor de la academia, de los centros de investigación y similares o derivados debe ser llevada de las oficinas, de las revistas de sobreespecialización y de los eventos solemnes en donde el claustro se rinde pleitesía a sí mismo hacia las comunidades marginadas, hacia el desarrollo de nuevas fuentes de energía, hacia mitigar el cambio climático, la reversión de la pobreza, el mejoramiento de las condiciones de seguridad, etcétera. Y es que eso no se consigue con un medallero, y preparar a alguien para ganar una medalla no es, por ninguna razón, equivalente a preparar a esa misma persona para que aplique sus conocimientos y expertis a la realidad en que vive el país.

Al final, los estudiantes becados por Guillermo del Toro ganaron cuatro medallas (una de plata y tres de bronce), además de dos menciones honoríficas. ¡En hora buena! ¡Bien por ellos, por ellas y por ese triunfo que les pertenece! De ahí para el real, los cerebros se siguen fugando y las condiciones de pauperización, de explotación y violencia en México permanecen estables. ¿Cuánto de eso habría cambiado en la historia del país si las personas que se prepararon para ser las mejores y cambiar la realidad del mundo hubiesen trabajado en ello?

Foto: Noticieros Televisa, 2019

1 comment on “El CONACyT y la apropiación social del conocimiento en la 4T

  1. Carlos Romualdo Torres

    Excelente el último párrafo del artículo. La misión original del CONACyT fue para apoyar la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, a nivel posgrado (maestrías y doctorados), en universidades nacionales y extranjeras para ciudadanos mexicanos que satisfacieran los requisitos académicos para la obtención de una beca académica. Ojalá con esta nueva administración los recursos económicos del CONACyT, sean exclusivamente para estudiantes mexicanos y no más becas para los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a México, ni tampoco más recursos para la iniciativa privada.

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