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Revocación no es igual a reelección

Los autodenominados partidos de oposición (PRI, PAN, PRD y MC), organizaciones de la sociedad civil (supuestamente independientes y sin fines de lucro), así como ciertos grupos empresariales, como la Confederación patronal de la República Mexicana (Coparmex), ya han anunciado que no apoyarán ni la reforma electoral ni la revocación de mandato propuesta por el partido en el poder.

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Desde que comenzó la nueva administración federal, incluso desde la campaña electoral del año pasado, los partidos y grupos de oposición no han parado de fabricar teorías especulativas y conspirativas en torno a las acciones, proyectos, reformas e iniciativas legislativas del nuevo Gobierno, entre éstas, una de las que ha causado mayor revuelo en los últimos días es la relativa a la incorporación de la figura de revocación de mandato en la legislación mexicana.

La revocación de mandato es una figura de democracia directa en la que, a petición de cierto porcentaje de la ciudadanía, del Congreso o del mismo Presidente de la República, los ciudadanos tienen la posibilidad de decidir si un funcionario de elección popular (no solamente al presidente) debe o no continuar en su cargo.

Los autodenominados partidos de oposición (PRI, PAN, PRD y MC), organizaciones de la sociedad civil (supuestamente independientes y sin fines de lucro), así como ciertos grupos empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ya han anunciado que no apoyarán ni la reforma electoral ni la revocación de mandato propuesta por el partido en el poder.

Entre sus preocupaciones algunas son válidas, por ejemplo, resulta obvio que el propósito del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se realice la primera consulta de revocación de mandato el mismo día o antes de las elecciones del 2021 es una clara estrategia para hacer campaña en favor de su partido y obtener una aplastante mayoría tanto en el Congreso como en las entidades donde se llevarán a cabo comicios.

Recordemos que en 2021 se renovarán las 500 diputaciones federales, 13 gubernaturas, así como centenares de presidencias municipales, por lo que se encuentra mucho en juego.

Sin embargo, también se han venido manejando de manera muy irresponsable argumentos falaces, carentes de sustento y cuyo único objetivo es causar alarma y desinformar a la población.

Uno de estos es el que asocia la revocación de mandato con gobiernos “populistas” y “totalitarios” donde sus gobernantes se han perpetuado en el poder, como es el caso de Venezuela, Bolivia y Cuba.

Dado el régimen político que caracteriza a estos tres países (izquierdistas y de corte socialista), la oposición en México no ha dudado en utilizar este elemento en su favor para señalar que éste sería un primer paso para la reelección, un argumento que se encuentra fuera de toda proporción.

La revocación de mandato no es en absoluto un mecanismo que lleve a la reelección, al contrario, constituye una figura que busca lo opuesto, destituir a los gobernantes cuando la población no esté de acuerdo con su forma de dirigir al país. No perpetúa en el poder a un funcionario, le impide terminar su periodo.

En la sociedad mexicana, una buena proporción de nuestros representantes han llegado a tener índices de aprobación paupérrimos durante su mandato, debido a temas de corrupción, impunidad y el agravamiento de los principales problemas del país. En estos casos, la figura de revocación de mandato representa un mecanismo esencial para la ciudadanía y su participación en la toma de decisiones.

En 2015, el ex presidente Enrique Peña Nieto se vio envuelto en una crisis de representación y legitimidad, debido a casos de corrupción como el de la “casa blanca”, así como casos de desaparición forzada y violencia del Estado en contra civiles, como Ayotzinapa y Tlatlaya.

Enrique Peña Nieto llegó a la mitad de su mandato con uno de los índices de desaprobación más altos desde que inició su gestión y la aprobación más baja hacia un Presidente de la República desde 1995.

En ese contexto, un grupo de legisladores, activistas sociales y amplios sectores de la sociedad civil impulsaron una iniciativa llamada #QueSeVayaPeña, que pedía su renuncia inmediata; sin embargo, ésta no prosperó por el simple hecho de que en la Constitución mexicana no existe la figura de revocación de mandato.

Por otro lado, señalar que este mecanismo sólo existe en países con rasgos totalitarios como Venezuela y Bolivia, es parcial y engañoso. Otros países alrededor del mundo cuentan con mecanismos similares, de hecho, Suiza y Estados Unidos, la democracia más importante del mundo, fueron los primeros países en los que se introdujo esta figura.

Entre otros países democráticos que cuentan con revocación de mandato, o han impulsado iniciativas para incorporarla en sus respectivas legislaciones, destacan Perú, Colombia, Ecuador y Argentina; así como Alemania y Rumanía, en Europa. En México, en entidades como Oaxaca y Chihuahua se prevé la revocación de mandato para gobernador.

Es pertinente señalar también que, tanto en Venezuela como en Bolivia, las ocasiones en las que se ha logrado invocar el referéndum para la revocación del mandato ha sido por obra de la oposición, aunque ambos mandatarios, Hugo Chávez y Evo Morales, resultaron vencedores.

Entre las voces que se oponen a este mecanismo hay quienes señalan que es innecesario debido a que México ya cuenta con la figura de destitución vía juicio político (denominado en otros países como impeachment); sin embargo, esta aseveración también es errónea, ya que el artículo 110 Constitucional no incluye al Presidente de la República entre los funcionarios que pueden ser sujetos de juicio político.

Asimismo, el artículo 108 establece en su párrafo segundo que «El Presidente de la República, durante tiempo de su encargo sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común»; dos términos tan abstractos y vagos que resultaría jurídicamente inviable su aplicación.

Revocación no es igual a reelección, mucho menos en el caso mexicano, toda vez que la figura de la reelección se eliminó de nuestra Constitución desde el 27 de noviembre de 1911 y ha permanecido así hasta nuestros días.

El supuesto temor de la oposición a la revocación de mandato no está justificado, incluso es desconcertante que se opongan a la misma, ya que representa un mecanismo de contrapeso político que pudiera ser clave para recuperar el poder e impulsar su proyecto de desarrollo en caso de que el actual fracase.

La figura de revocación de mandato coadyuvaría al fortalecimiento de nuestra democracia al ampliar los derechos políticos de los mexicanos y al promover la democracia participativa, pero también sería un valioso mecanismo para la legitimación de un Gobierno en momentos de crisis, lo que contribuiría a la gobernabilidad y la estabilidad política, económica y social del país.

Por respeto a la democracia, la pluralidad política y la competencia en igualdad de condiciones, debemos impedir que la consulta para revocación de mandato se lleve a cabo en las elecciones del 2021. Después de todo, el año pasado los mexicanos depositamos nuestro voto para elegir a un mandatario por un periodo de seis años, pero ello no implica desechar tajantemente la adopción de tal mecanismo como un nuevo derecho ciudadano.

Ser una oposición responsable no significa ir en contra de todo lo que propone el oficialismo, sino sumarse a las mejores causas o proponer alternativas constructivas cuando se está en desacuerdo.

En este caso, sería sano para la democracia mexicana disponer de un mecanismo que permita a la ciudadanía decidir en cierto momento si su presidente debe concluir su periodo o ser destituido, máxime en un país donde existen altos índices de corrupción e impunidad entre la clase política y en el que el presidente es prácticamente omnipotente e intocable.

  • Julio César Salazar, Mtro. en Relaciones Internacionales y Asesor Político.

Foto: Alto Nivel, 2019

El proyecto ‘Op-ed’ del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional tiene el objetivo de ampliar y potenciar el rango de opiniones que circulan en el debate público nacional e internacional.

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