Perspectivas Geopolíticas

Ecuador apuesta por la militarización: ¿medida de seguridad o desarticulación de la movilización social?

La decisión se suma a una dinámica que se ha presentado adversa para la sociedad ecuatoriana debido al Acuerdo que negoció el Gobierno de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), concretado con la firma de una Carta de Intención, documento que detalla las obligaciones y derechos de las partes, el 11 de marzo de 2019, por un préstamo de $4,200 millones de dólares en tres años; y por el que, a cambio, Ecuador se comprometió a realizar una serie de ajustes estructurales en materia fiscal, financiera y laboral.

El pasado 30 de abril se aprobó en el seno de la Asamblea Nacional del Ecuador una resolución a favor de la presencia de militares en las calles, con la finalidad de reducir la inseguridad, el narcotráfico y la violencia. Las fuerzas armadas se sumarán a las tareas de la Policía Nacional para garantizar el orden público y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La aprobación se generó por unanimidad, afirmando que es una medida indispensable para hacer frente a los crecientes niveles de inseguridad en los que se está sumiendo ese país sudamericano. La iniciativa fue presentada por el Partido Social Cristiano, fuerza política que quedó mejor posicionada frente al conjunto de fuerzas políticas después de las elecciones del 24 de marzo, al obtener 8 de las 23 prefecturas del país. La iniciativa, en este sentido, se hizo solicitando al Presidente Lenin Moreno que se realicen mesas técnicas de trabajo con el objetivo de diseñar las políticas públicas correspondientes a la participación de otras entidades institucionales como el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, los Gobiernos Autóctonos Descentralizados, entre otros.

En síntesis, la propuesta busca robustecer la matriz de seguridad mediante la complementariedad de la policía y los militares. Sin embargo, es importante considerar que el ámbito de competencia de las fuerzas armadas es totalmente distinto al de la policía: las primeras se encuentran en una dinámica de resguardo de la seguridad nacional, lo que implica que están entrenados para hacer frente a amenazas externas que puedan vulnerar al Estado; mientras que los segundos, los cuerpos policiacos, están dedicados a la protección de la ciudadanía. Las tareas no son complementarias, más bien, se encuentran en ordenes diferentes y jerarquías distintas, lo cual puede generar severas consecuencias para la población.

La decisión se suma a una dinámica que se ha presentado adversa para la sociedad ecuatoriana debido al Acuerdo que negoció el Gobierno de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), concretado con la firma de una Carta de Intención, documento que detalla las obligaciones y derechos de las partes, el 11 de marzo de 2019, por un préstamo de $4,200 millones de dólares en tres años; y por el que, a cambio, Ecuador se comprometió a realizar una serie de ajustes estructurales en materia fiscal, financiera y laboral.

El Plan de Ajuste Estructural es parte de la misma receta que recomienda el FMI pese a que en la totalidad de los países donde se ha aplicado no funcionó, particularmente, porque las medidas que se recomiendan están en función de garantizar el pago de la deuda, aunque eso implique severas consecuencias en materia social para los países firmantes. En el caso de Ecuador, gran parte de las medidas que debe realizar en breve están relacionadas con el diseño de una Ley de Trabajo más flexible, se han incrementado los despidos, primordialmente en las dependencias públicas como medida de reducción del gasto público, se generó el acuerdo ministerial No. 0245 – 2019, en el que se estableció una reducción de pago mensual a los estudiantes de medicina que realizan internados en los hospitales públicos, etcétera.

Esas decisiones han provocado la convocatoria de diversas manifestaciones a las afueras del Palacio Nacional de diferentes sectores —que parecen ir en aumento— en busca de reclamar sus derechos y mostrar su descontento frente a las medidas de austeridad que el gobierno está adoptando. La manifestación del pasado 16 de abril, por ejemplo, fue dispersada con gas lacrimógeno por parte de la policía.

Existe una alta probabilidad de que la apuesta por una mayor presencia policiaca y, ahora, de hacer efectiva la resolución de la Asamblea Nacional, militar en las calles, como parte de una estrategia de seguridad ciudadana, tenga como fin frenar el intento de reorganización social que se desencadenó a partir de los ajustes estructurales fondomonetaristas. No olvidemos que Ecuador es un país que se caracterizó, durante algunos años, por el sostenimiento de una dinámica de permanente deposición de presidentes: Lucio Gutiérrez (2002-2005), Jamil Mahuad (1998-2000), Abdalá Bucaram Ortíz (1996-1997); un riesgo que eminentemente no quiere correr Lenin Moreno.

Imagen: GK, 2019

Académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctorante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. @edithsolares

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