Seguridad y Violencia: primero como tragedia, luego como farsa

Pacificación y (re)unificación nacional, por un lado; y tener que lidiar con el crimen organizado y la serie de actividades delictivas que se derivan y articulan con éste, por el otro; no son operaciones análogas a las que se deba tratar con el mismo tipo de políticas públicas. Ya de entrada, porque los objetivos que se persiguen en uno y otro caso no son los mismos, y en este sentido, menos aún porque las problemáticas que abordan son de distinta índole, pese a que ambas situaciones se encuentran atravesadas por una serie de hechos comunes y codeterminaciones.

Reza el viejo adagio del Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte que la historia se repite dos veces: la primera, como tragedia; la segunda, como farsa. En el ya largo y tortuoso camino recorrido por los gobiernos mexicanos para hacer frente al agravamiento de las condiciones de seguridad y a la cada vez mayor profusión de violencia que avasalla la cotidianidad de los mexicanos y las mexicanas, aquella sentencia no podría reflejar de mejor manera la realidad que se vive en el país, colapsando por los niveles a los que la fragmentación social ha llegado por la vía del combate armado en contra del narcotráfico nacional e internacional.

Aquí, de cara al estado de guerra declarado por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, en los primeros meses de su gobierno (2006-2012), la historia se repitió primero como tragedia en el momento en que, al relevo del gobierno federal, ya con Enrique Peña Nieto al frente de la administración pública nacional para el periodo 2012-2018, el hoy aún detentor de la primera magistratura del Estado mexicano decidió imprimir un giro de ciento ochenta grados a sus políticas de seguridad pública y nacional. En primer lugar, desdiciéndose —desde el inicio de su gestión— de sus declaraciones en torno de la necesidad de retirar paulatinamente a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública en el país; y en seguida, ya en el último tramo de su presidencia, bloqueando cualquier posibilidad de restituir tanto a las fuerzas castrenses como a los cuerpos de seguridad civiles en sus funciones originarias: consolidando el dominio de las primeras sobre las segundas por intermediación de una Ley de Seguridad Nacional que no únicamente no favorece el repliegue de las fuerzas armadas a sus cuarteles, sino que, además, amplía sus márgenes de acción y consolida y legitima su participación en un creciente espectro de tareas de seguridad en todos los niveles de gobierno.

La segunda vez que la historia se repitió, ya como farsa, es ahora presentada a los mexicanos y las mexicanas por el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, quien en fecha reciente afirmó que «no se podría atender el problema de la inseguridad y de la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y la Marina»; reiterando, palabra por palabra, la misma promesa que hiciera Peña Nieto durante su campaña a la presidencia, y que luego traicionó.

En este caso, por supuesto, la farsa viene del hecho de que  la plataforma electoral de López Obrador, en materias de seguridad, violencia y combate al crimen organizado (concomitantes con las de pacificación y reconciliación nacional), se basaba toda ella en la premisa de que para comenzar a reducir la cantidad de eventos violentos sucediéndose a lo largo y ancho del territorio era condición indispensable, sine qua non, el que una de las principales fuentes de enfrentamientos armados (el ejército y la marina) regresaran a sus cuarteles, por un lado; y por el otro, que las corporaciones policialesde carácter civil reasumieran sus funciones con mejor preparación y mayor profesionalismo. Hoy, al igual que ocurrió con Peña Nieto, el repliegue del ejército y la marina a sus cuarteles no se presenta como una opción real de actuación inmediata, y tampoco se ofrece una alternativa para que se vaya avanzando sobre ese horizonte en el corto, el mediano o el largo plazo.

Pacificación y (re)unificación nacional, por un lado; y tener que lidiar con el crimen organizado y la serie de actividades delictivas que se derivan y articulan con éste, por el otro; no son operaciones análogas a las que se deba tratar con el mismo tipo de políticas públicas. Ya de entrada, porque los objetivos que se persiguen en uno y otro caso no son los mismos, y en este sentido, menos aún porque las problemáticas que abordan son de distinta índole, pese a que ambas situaciones se encuentran atravesadas por una serie de hechos comunes y codeterminaciones.

No haber tenido claridad sobre dicha distinción durante el largo periodo de planeación de la plataforma electoral del proyecto de gobierno de López Obrador llevó al ahora presidente electo y a su equipo de campaña-transición a hacer gravitar a ambas dinámicas alrededor de un mismo lugar común; uno que, palabras más, palabras menos, afirma que el desmantelamiento de la corrupción en el andamiaje estatal y la implementación de políticas económicas y de carácter social (redistributivas de cierto grado de riqueza y orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos), llevarían a los niveles de criminalidad y de violencia a decrecer en un plazo razonable de tiempo y en una considerable porción territorial del país.

Sin embargo, a pesar de que es cierto que ese tipo de enfoque tiende a atajar las capacidades de reclutamiento y de cooptación que tienen los cárteles del crimen organizado (principalmente los dedicados al narcotráfico) sobre sectores vulnerados de la sociedad, también lo es que ni unas ni otras son suficientes para penetrar —ya no se diga desmontar— las anquilosadas estructuras de operación de estas organizaciones y los enormes márgenes de acumulación y concentración de capital dentro de los cuales se mueven.

Ahora bien, omitiendo por el momento (para un análisis posterior) que el marco de guerra en contra del narcotráfico ha operado histórica y regionalmente como un dispositivo de poder del aparato estatal para eliminar a las resistencias sociales, para oprimir a la disidencia, para fragmentar a las comunidades y para gobernar a la población a través de la crisis y la violencia, dos problemas apremiantes son los que se le presentan a la administración entrante en materia de combate a los cárteles del narcotráfico, ahora que ya tiene una idea más o menos clara de que pacificación nacional y regulación de la delincuencia organizada no son dinámicas cuya solución se geste, transite y se agote en un mismo abordaje.

La primera de ellas tiene que ver con el hecho innegable de que el largo periodo que el ejército y la marina han permanecido al frente de las actividades de seguridad pública ha derivado en el establecimiento de relaciones simbióticas entre algunos sectores de las fuerzas castrenses y algunos sectores de las distintas agrupaciones delincuenciales que tienen presencia y que actúan por todo el territorio nacional. Ello, en el lenguaje políticamente correcto de la institucionalidad gubernamental es un problema, por supuesto, de corrupción del personal, de fallas operativas de las instituciones y de violaciones a la legalidad —como si la Ley de Seguridad Nacional no hubiese legalizado la criminalización de todo cuanto el gobierno en funciones considere una amenaza a su estabilidad, su seguridad, su paz y su desarrollo, hechos pasar por intereses nacionales.

Y es un problema importante porque así como a nivel de gestión pública gobiernos municipales, estatales y federales han tenido que recurrir al establecimiento de pactos fácticos con los cárteles del narcotráfico, tanto para disminuir los niveles de violencia como para poder operar —viéndose capturados, en la mayor parte de los casos, por las propias estructuras delincuenciales con las que negociaron—; así también la permanencia del ejército y la marina en operaciones concernientes a problemáticas de seguridad pública supone transitar un camino en el que esa presencia ininterrumpida tiende a fortalecer los acuerdos a los que se han llegado a lo largo de doce años.

En este sentido, si bien es cierto que por el momento no es posible aseverar nada sobre una utilización gubernamental, por parte de la gestión entrante, de la guerra en contra del narcotráfico para atacar a los sectores de la población que le resulten incómodos (lo cual siempre es una posibilidad que únicamente cambia de matiz dependiendo de los intereses que se ven puestos en juego), lo que sí es un hecho es que dejar al ejército y a la marina en las calles, permitiéndoles monopolizar cada vez más las tareas de seguridad en todas sus dimensiones y niveles, es apenas una condición que posibilita el sostenimiento de secuencias más extensas y profundas, mismas que implican desde una mayor erogación de recursos para sufragar la guerra hasta el fortalecimiento de las posiciones de poder de los propios cuerpos castrenses; condiciones que minan el de por sí ya escaso control civil que se tiene sobre ambas instituciones.

La segunda problemática abordar tiene que ver con la opción contraria a la anterior; es decir, con la implementación de una estrategia que lleve al ejército y a la marina de regreso a sus cuarteles y que, al mismo tiempo, restituya a las corporaciones civiles de seguridad pública en sus funciones ordinarias. Y aquí los aspectos a considerar son tres.

Primero. No debe dejarse de observar que la sustitución del ejército en las calles por policías municipales, estatales y federales conllevará, de manera invariable, a una reorganización de los pactos que en distintos espacios de la geografía del país han mantenido cierto grado de estabilidad y paz para los ciudadanos que los habitan; situación que incluye no sólo los grandes pactos que permiten cierto grado de operaciones relacionadas con actividades delictivas que no causan un impacto violento y directo sobre la población (como lo es el trasiego de enervantes a lo largo de toda su cadena de valor). Y es que aquí la cuestión es que este tipo de reacomodos, en la práctica, son equiparables a los procesos de (re)organización que se desarrollan entre los distintos cárteles del narcotráfico cuando sus principales estructuras de mando y operación son eliminadas o sustituidas por otras. Recuérdese, al respecto, que algunos de los eventos de mayor violencia que se presenciaron durante el sexenio de Felipe Calderón tuvieron que ver con dinámicas de desmantelamiento de unos cárteles y fortalecimiento de otros —procesos en los que el gobierno, justo a través de la guerra, jugó un papel activo; pero en los que también las dinámicas intracárteles e intercárteles eran determinantes.

Segundo. Es imperioso no dar por hecho que la pura sustitución de las fuerzas armadas por fuerzas civiles resultará en una disminución inmediata o rápida y ampliamente perceptible en los niveles de violencia cotidiana. Ello, por la sencilla razón de que la sustitución de corporaciones o de instituciones no es suficiente si lo que permanece de fondo, sin mutar, es una misma racionalidad, una misma lógica o manera de abordar y afrontar el problema que se tiene en frente.

Los dos últimos sexenios, por lo manos en lo que respecta al campo del discurso político y la retórica gubernamental y partidista, han sido enfáticos en identificar a los enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico y fuerzas armadas como una de las principales fuentes de violencia en el país. Y por esa razón, han encumbrado (también en el discurso y la retórica) como primera salida real de ese problema a la sustitución de instituciones en las tareas de seguridad, afirmando que los primeros, por ser militares, son inherentemente violentos; y que los segundos, por ser civiles, son inherentemente menos violentos. La cuestión aquí es que este tipo de argumentación saca de foco que, en principio, si los militares están haciendo un uso extensivo de su violencia se debe en gran parte a la capacidad de respuesta de los cárteles del narcotráfico.

Tercero. La paradoja anterior, por supuesto, lleva a la consideración de la dinámica que se ha seguido en los últimos años respecto de una mayor y más profunda militarización del carácter civil de las corporaciones policiales. Ello, no sólo en términos de las enormes cantidades de efectivos militares que en estos doce años han transitado de las filas del ejército y la marina hacia las policías locales (estatales y municipales) y la federal, de la creación de cuerpos civiles militarizados (tipo la Gendarmería Nacional) o de la conducción de las treinta y dos corporaciones estatales por parte de militares en retiro o militares en activo pero asignados a dichas funciones. Sino también en lo concerniente a los manuales de operación que les elaboran la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, a los programas de capacitación y profesionalización y, del adiestramiento estratégico, táctico, técnico y operativo a cargo de esas dos dependencias.

En este sentido, aunque desde finales del gobierno de Felipe Calderón se ha venido insistiendo en el rol central que deberían estar teniendo las corporaciones civiles en las actividades de seguridad pública —desde un pretendido enfoque de proximidad ciudadana—, la realidad es que esa práctica no ha tendido más que a la paulatina generalización de opciones como la disolución de corporaciones policiales completas para sustituirlas por las fuerzas armadas o, en su defecto,  para (re)construirlas a partir de cuerpos policiacos con una profunda instrucción y un normalizado carácter militar.

Por eso, en los términos en los que la estrategia de reemplazo de instituciones a cargo de la seguridad pública de los ciudadanos ha operado hasta ahora —y se prevé que lo siga haciendo—, la realidad es que los términos de la ecuación no distan mucho entre sí, pues las únicas alternativas por las que se está optando son tanto el incrementar el potencial de fuego de las policías locales como su mayor adiestramiento militar. La lógica bélica, el juego de suma cero, en el que el enemigo debe ser aniquilado en el campo de batalla no se mueve, sigue vigente y mantiene a la ciudadanía en medio de las consecuencias que se desprendan de ese enfrentamiento.

*Foto: Cuartoscuro/Animal Político, 2012

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